Los derechos liberales, con su defensa de la propiedad privada, la libertad de culto, prensa y emprendimiento –logros de las revoluciones del siglo XVIII– siguen a resguardo (78, 67, 83, 80), así la autonomía de la Contraloría y Corte Constitucional, del Banco Central y Ministerio Público (351, 377, 357, 365). A sus promotores no les queda sino fingir «contenidos radicales» para oponerse al texto. Quizás les inquiete no usar más la seguridad social «para fines distintos que el pago de los beneficios» (45). Fragmentaria y breve como las autoficciones de moda, la propuesta reemplaza «lo que hay» por lo que debe ser. Hasta 1999 solo «los hombres» nacían «libres e iguales en dignidad y derechos», ahora también «permanecen» en «condiciones de igualdad sustantiva» las «mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género» (6).

Entre los nuevos resguardos destacan «la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva» (21), el «acogimiento familiar por sobre el residencial» para los niños (26) y los derechos de las personas con discapacidad, neurodiversidad o presas, con «espacios para el estudio, el trabajo, el deporte, las artes y las culturas» y compensadas si se las absuelve (28-30, 338, 121). La propuesta enseña los fines de la educación: «la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional» (35). La superior vuelve a ser gratuita y con «perspectiva de género» en «las escuelas de formación de las policías y las Fuerzas Armadas» (297-299, 37). Los derechos a la privacidad de los metadatos y a desconectarse complementan el acceso libre de violencia al mundo digital (70, 46, 86-90) y una libertad sindical robustecida con los cuidados, la vivienda, entornos seguros y soberanía alimentaria; con el acceso al agua y la energía, con el deporte, el placer y la interrupción voluntaria del embarazo ya regulada por la ley (47-61). En fin, «Toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar el tiempo libre» que considera la lectura y «la sintiencia de los animales» (91, 94, 98, 131). ¿Cómo se realiza? Con sistemas integrales de Cuidados o de Suelos Públicos (50, 51) y mediante acciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo (119, 123), entre otras.

El medio ambiente tiene un capítulo aparte. Son bienes comunes «el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo» (134). Se consagran el maritorio y los estatutos de las aguas y los minerales, cuyo uso puede ceder el Estado (139-145).

Las «consultas ciudadanas» y la «iniciativa popular» (155-157, 386) establecen una democracia directa que mantiene en el Presidente, apoyado por la nueva «Secretaría de Presupuestos» del Congreso (267), el orden tributario y financiero que «en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio», por más que reduzca «las desigualdades y la pobreza» (185). El voto es un deber para los mayores de edad y se añade, voluntario, para quienes hayan cumplido 16, para los chilenos en el extranjero y los extranjeros avecindados en Chile hace un lustro (160). Las medidas de probidad cubren un capítulo que fomenta «la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular», el financiamiento a bomberos y la política portuaria (181-186).      

Solo fallaría el 10% de la propuesta, según sus detractores, que podrían reformarla con 4/7 del Congreso en vez de desoírla. Perderíamos el contrapeso del Senado y la independencia de la Corte Suprema, dicen, cuando una lectura atenta demuestra lo contrario. Se establece un Estado regional gracias a la autonomía de los territorios especiales e indígenas, de las comunas y asambleas regionales, en consideración a «las cuencas hidrográficas» dentro del carácter «único e indivisible» de Chile (236, 190, 234, 201, 225, 197, 3, 187). En este contexto, la Cámara de las Regiones reemplaza a un Senado elegido como los diputados, que duplica sus funciones y le basta el silencio para impedir que se conviertan en ley las iniciativas tramitadas. La nueva institucionalidad tiene al menos tres representantes por región, con igual cantidad en todas ellas (254). Empieza así con los mismos cuarenta y ocho miembros del Senado redistribuidos en potestades y territorios como en cualquier país bicameral, sobre todo en los federales. Lo que teníamos era lo raro. Para mayor tranquilidad, los escaños se reservan «en forma proporcional a la población indígena», las consultas son solo para los «asuntos que les afecten» y los proyectos de ley siempre «comenzarán su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados» (252, 191, 269).

El capítulo de los sistemas de justicia, en tanto, crea un Servicio Integral de Acceso (113) y un Consejo «autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial» (342). Integrado por ocho jueces y dos funcionarios elegidos por sus pares, dos miembros elegidos por los pueblos indígenas y cinco por ternas del Consejo de Alta Dirección Pública aprobados por el Congreso y la Cámara (344), corta al fin la sujeción de los jueces a sus superiores y de estos al nombramiento del Gobierno eliminando, de paso, a los abogados integrantes. Los «sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas» no son oponibles a quienes no pertenezcan a ellos, «deberán respetar los derechos fundamentales» y sus «conflictos de competencia» los resuelve la ley bajo una única Corte Suprema (309, 329). Los estados de excepción persisten, incluso para «conflicto armado interno», con una menor restricción de derechos y un mayor cuórum para alargarlos (300, 301). Por último, alegra cada cambio de nombre, ¿quién preferiría un «Juzgado de Policía Local» a la «justicia vecinal» (327)? ¿O un «Tribunal Constitucional» que impedía la promulgación de las leyes a una «Corte» con «deferencia al órgano legislativo» (377)?

Las disposiciones transitorias anuncian los plazos de las leyes de implementación. Obligan al actual Gobierno, que no podrá reelegirse como los siguientes que, a su vez, tendrán sus propias restricciones (206, 223, 262, 284). Entre lo novedoso están las consultas en Chiloé y Aconcagua para convertirlas en regiones autónomas (vigésima transitoria), la protección de los funcionarios en ejercicio (24t) y, sobre todo, la eficiencia, «fusionando los tribunales tributarios», aduaneros, de Cuentas, Contratación Pública y «Propiedad Industrial en los nuevos tribunales administrativos» (44t).